La política en México: ¿consolidación democrática o deterioro?

Reseña publicada en la edición de mayo de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica

Este año electoral muchos ciudadanos acabarán hartos de la propaganda de todos los partidos y candidatos, otros se sentirán decepcionados de que una y otra vez se promete lo mismo, otros tantos tendrán la ilusión del cambio. Cualquiera que analizara desde fuera una campaña electoral en México, difícilmente entendería el entramado de reglas, los cruces ideológicos o partidistas, las referencias históricas y las pocas ganas de construir narrativas. Quizás le sorprendería la vehemencia con que cada candidato defiende que, de triunfar, habrá más igualdad, menos corrupción y que se vivirá bajo el imperio de la Ley.

Sin embargo, es algo que no sorprende a Roderic Ai Camp (Estados Unidos, 1945), uno de los “mexicanólogos” más importantes de la ciencia política americana. Prácticamente la totalidad de sus más de 30 libros están dedicados a estudiar la política en México o algunos de sus temas más relevantes. Recientemente, el Fondo de Cultura Económica tradujo uno de los más recientes: La política en México ¿Consolidación democrática o deterioro? (FCE, 2018), en el que aborda los procesos políticos en el país desde la Independencia hasta la elección presidencial de 2012.

Este libro no es lo más ortodoxo de la ciencia política estadounidense, cuya tendencia parece ser rivalizar con las matemáticas por número de ecuaciones. A través de un enfoque ecléctico que mezcla historia, cultura, estructuras y relaciones exteriores lleva al lector por los momentos más trascendentales la política del nacional para evaluar si nos hemos consolidado como un régimen democrático o no. Además, la constante comparación con Estados Unidos u otros países de Latinoamérica, permite al lector confrontar la idea de la excepcionalidad mexicana.

Una de las preguntas clásicas de la literatura y filosofía política es cuál es el mejor régimen político para una vida en sociedad. Por ejemplo, Aristóteles, en La República, plantea que el mejor régimen posible es aquel que permite una vida plena a sus habitantes y que es electo por el hombre de la clase media. Otros teóricos han abonado a esa pregunta primordial y han añadido complejidades como la división de poderes, las fórmulas de representación política y los alcances de la participación del ciudadano común.

Lo que parecería obvio es que, para plantear una respuesta, es necesario conocer el concepto del que hablamos. Este no es el caso de los mexicanos. Roderic Ai Camp muestra la vaga definición que tenemos de democracia, razón por la que se puede explicar la falta de entendimiento entre las élites, entre los ciudadanos y en la interacción de ambos. Mientras que en Estados Unidos el 64 por ciento de las personas definen la democracia como libertad, en México sólo es 25 por ciento; sólo 8 por ciento de los estadounidenses la definen como igualdad, contra el 26 por ciento de los mexicanos.

La definición del concepto tiene consecuencias directas sobre lo que se espera de él. Por ejemplo, México es unos de los países del continente que muestra menor apoyo a la democracia, de acuerdo con el Estudio de Cultura Política en las Américas realizado por el Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt. Lo anterior se debe principalmente a que, a pesar de la reciente transición política (año 2000) y el establecimiento de una democracia electoral con competencia, los mexicanos no han visto satisfechas sus demandas por mejores condiciones de vida.

De hecho, el mismo estudio de LAPOP muestra que México está entre los países que tenderían a apoyar más un golpe militar en contextos de alta criminalidad o corrupción, tan sólo por debajo de Jamaica o Perú. Lo anterior para Ai Camp sería muestra de que el régimen no está del todo consolidado, pues para él lo estará cuando “se libera de factores de los cuales puede demostrarse que clara y directamente conducen de nuevo a un régimen no democrático”. Lo que hay que entender entonces es la razón del descontento con el régimen.

En el libro Por qué fracasan los países (Deusto, 2012) Daron Acemoglu y James Robinson conceptualizan dos tipos de instituciones: extractivas e inclusivas. Las primeras son aquellas que excluyen de lo público a la mayoría, mientras que las segundas promueven la participación de tal manera que se maximiza el uso de los talentos y habilidades ciudadanas. De acuerdo con los autores, una de las consecuencias de la conquista española fue es establecimiento de instituciones extractivas y la formación de una estrecha relación (perversa) entre las élites políticas y económicas, las cuales se benefician del statu quo en detrimento del bienestar de la mayoría, por lo que difícilmente se pueden esperar cambios radicales.

Roderic Ai Camp llega a una conclusión similar. Por ejemplo, una institución colonial como el Virreinato fue sustituida por el Presidencialismo. Contrario a la inspiración federalista de algunos de los liberales mexicanos del siglo XIX, las estructuras políticas en México tienden a la centralización excesiva del poder en una élite que ha evolucionado en sus formas de relación, pero que impone altas barreras a la participación ciudadana en la democracia. Sin embargo, la influencia del capital internacional, la democracia electoral y el surgimiento de nuevos actores sociales han erosionado esa centralidad. Como resultado, el sistema político genera una contradicción entre lo moderno y lo tradicional, o más claramente entre la democracia y el autoritarismo.

¿Cómo se resuelve esta contradicción en beneficio de la democracia? Lo primero es identificar los tres principales obstáculos: la desigualdad del ingreso, la corrupción política y el débil Estado de derecho. El reverso de cada uno nos llevaría a un país distinto. Sin embargo, hoy la impunidad es noticia de todos los días, ésta alienta las prácticas políticas de corrupción que acaban en una mala distribución del ingreso y que los beneficios de cualquier crecimiento económico sean capturados por los más beneficiados. Por la realidad descrita no debería de sorprendernos, entonces, la insatisfacción ciudadana con la democracia.

Actores intermedios, como los partidos políticos tienen una gran responsabilidad para llegar a un equilibrio óptimo. Estos son los vehículos democráticos típicos para la participación de la ciudadanía en la vida pública. Sin ser una premonición, el autor señala que “ningún partido tiene seguro el futuro político en el país” y deja claro que uno de los efectos de la competencia electoral es que el desempeño de los servidores públicos en sus cargos y la rendición de cuentas son fundamentales para la viabilidad de los partidos. A cinco años del análisis de Ai Camp podemos ver cómo los partidos tradicionales se desdibujan, se cierran a la ciudadanía, se coaligan por el poder y abandonan una oferta programática coherente, lo que ha dado paso a candidaturas independientes y la irrupción de nuevos partidos.

Como corolario, hoy parece más plausible el deterioro que la consolidación democrática en México. Hasta ahora, el sistema político no ha brindado respuestas claras a los ciudadanos que buscan espacios de participación en lo público para que los beneficios de la democratización y la apertura económica lleguen a ellos. Parece que la lucha es por arrebatarle a una élite el control de los recursos políticos y económicos que han mantenido por décadas. Desde ya, hace falta pensar en una actualización del libro para entender el desenlace al que nos dirigimos.

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TLCAN y Competencia Económica

En Reforma salió recientemente esta entrevista que me hicieron sobre TLCAN y competencia económica:

Plantean con Tratado fomentar competencia

Verónica Gascón

(27-julio-2017).-Los temas de competencia y protección al consumidor se tocarán en la renegociación del Tratado de Libre comercio.

Estos temas fueron incluidos en los objetivos que hizo públicos el Gobierno de Estados Unidos la semana pasada.

El texto aseguró que los países deben mantener normas que prohíban la conducta comercial contraria a la competencia. También que se deben evitar actividades comerciales engañosas que perjudiquen a los consumidores.

Advirtió que se deben establecer reglas básicas para la equidad procesal en la aplicación de la ley de competencia.

Carlos Martínez, experto de Central Ciudadano y Consumidor, comentó que la política de competencia se ha desarrollado de manera desigual en los países, ya que la ley en la materia en Estados Unidos data de principios del siglo XX y en México surgió en la década de los 90.

Si bien, el tema se toca en el texto original del Tratado, se espera que en la renegociación se profundice la cooperación entre países.

“Actualmente, el Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que cada país tomará medidas para evitar las conductas anticompetitivas de las empresas en la región. Lo que se agrega para la negociación es lo que tiene que ver con actividades fraudulentas o engañosas que dañen al consumidor”, afirmó Martínez.

Esta discusión puede dar pie a que se reforme la Ley de Protección al Consumidor y adoptar estándares similares a la Federal Trade Comission, que es una instancia similar a la Comisión Federal de Competencia Económica, consideró el experto.

Comercio internacional y competencia económica

Ayer se publicó en Animal Político este artículo que escribí sobre la política Comercial y de Competencia económica.

Política comercial a favor del consumidor

Por: Carlos Martínez Velázquez

El día de ayer, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Consejo Coordinador Empresarial llevaron a cabo un seminario para reflexionar sobre la política de comercio exterior y su interacción con la política de competencia económica. Las distintas mesas de debate abordaron temas específicos como las conductas de “dumping”, el diseño institucional y la importancia del comercio exterior para generar competencia en los mercados.

Una idea que dio el Secretario de Economía en la inauguración fue que la historia del desarrollo de los marcos de comercio y competencia habían ido a velocidades distintas. Abrimos el mercado mexicano desde mediados de los 80, mientras que la primera ley de competencia económica es de 1992. En esa primera ley, la comisión de competencia no contaba con las herramientas necesarias para investigar y sancionar ni tenía la autonomía que hoy tiene. Esto provocó que mientras se abría la economía había concentraciones en ciertos mercados y sectores, lo que impidió que las pequeñas y mediana empresas se integraran a las cadenas productivas globales.

Lo anterior, ya había sido estudiado por De Hoyos e Iacovone[1] que en un artículo de 2011 mostraban la mayoría de las empresas que no tienen ningún vínculo directo con el comercio exterior son micro y pequeñas empresas, mientras que las empresas que importan insumos y al mismo tiempo exportan bienes de consumo final (integración completa) eran medianas o grandes empresas. Lo anterior muestra no sólo las diferencias en productividad, sino la capacidad de acceder a mercados internacionales y los cuellos de botella que enfrenta cada tipo de empresa. La primera conclusión es que una política comercial que no es acompañada con la política de competencia genera resultados subóptimos respecto a lo que se tenía como objetivo.

Otro de los aspectos relevantes que se tocaron en el evento es estudiar los beneficios al consumidor. En este aspecto la Cofece preparó un documento donde cuantifican los daños al consumidor de las políticas comerciales proteccionistas. La idea central es que la imposición de aranceles en ciertos sectores y trabas a la importación de productos hace que los consumidores paguen más por bienes que podrán ser más baratos de no existir estas barreras. Por lo que la segunda conclusión de la interacción es que una mala política comercial tiene efectos negativos en el bienestar del consumidor.

También se debe de analizar la pertinencia de que los marcos normativos converjan. El año pasado elaboré el  ”Informe sobre el tratamiento del dumping por la legislación de comercio y competencia en Latinoamérica” con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en éste se analizaron aspectos de los marcos normativos de competencia y comercio de los países latinoamericanos que podrían converger, como es el caso de las prácticas desleales. En el extremo, la integración económica debería de llevar a que el dumping se trate y sancione a la luz de la legislación de competencia en lugar de por una ley especial, como ocurre en la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, tratados comerciales como el de Chile-Canadá eliminaron la aplicación de la legislación anti dumping entre los países y sólo aplica lo dispuesto en la ley de competencia. Lo anterior, obliga a que los marcos tiendan a converger y facilitar el comercio. La tercera conclusión es que la convergencia normativa puede favorecer el comercio.

El entendimiento de esta relación será clave en el marco de la posible renegociación del TLCAN. Necesitamos buscar mayor competencia en la región y una política comercial que la promueva. Se requiere también que los empresarios le apuesten a la competencia, la peor respuesta ante las pretensiones proteccionistas que pueda tener Estas Unidos no pueden generar una reacción similar. Más allá de pensar en qué productores ganan o pierden hay que defender el libre comercio y la competencia porque su desarrollo implica un mayor bienestar para los consumidores.

 

*Carlos Martínez Velázquez, director de Central Ciudadano y Consumidor, A.C.

[1] Rafael E. de Hoyos and Leonardo Iacovone, Economic Performance Under NAFTA, The World Bank Development Research Group, May 2011.

Demoras en vuelos

En Reforma sobre las demoras en aerolíneas:

Sugieren tarifa descontada en equipaje

Azucena Vásquez

(11-mayo-2017).-La discrepancia entre si debe o no prohibirse en el País el cobro de primera maleta documentada en vuelos internacionales puede abrir la posibilidad de ofrecer un servicio de equipaje con tarifas diferenciadas.

Si bien, el servicio internacional se rige por tratados o convenios si los hay con ciertos países, también está la Ley, por eso una opción viable sería establecer un esquema que no quite beneficios a los usuarios, dijo Carlos Martínez, director general de Central Ciudadano y Consumidor.

El decreto de la Ley de Aviación Civil establece que en vuelos internacionales no se cobre al pasajero por llevar consigo equipaje cuyo peso sea de hasta 25

kilogramos.

Aunque Martínez también aclara que en servicios internacionales, las condiciones se apegarán a tratados mundiales, lo que ha generado controversia.

Ante eso, las aerolíneas podrían implementar tarifas básicas conforme a la ley, con el equipaje incluido, y hacer un sistema de descuentos en el que si la persona decide viajar con maletas que sumen un peso menor al referido, puedan adquirir un boleto por un costo más bajo, explicó.

La medida es viable, siempre y cuando sea entendida como descuento y no como obligatoria, dijo Alejandro Zendejas, abogado del sector aviación.

Es decir, la aerolínea no podría negarle a un pasajero el abordaje si quedan tres lugares con descuento por menos peso en equipaje, pero él lleva más kilogramos, pues violaría la ley.

Aclaró que el descuento sería de entre 5 y 7 por ciento máximo, ya que el costo de un boleto lo determinan más factores.

 

App para verificar precios en gasolineras

Sobre la aplicación de la CRE para verificar precios de gasolineras:

Lanzan GasoApp para verificar precios

Norma Zúñiga

Cd. de México (04-abril-2017).- Antes de cargar gasolina usted ya puede comparar precios de las estaciones de servicio más cercanas desde su celular a través de GasoApp, la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Profeco.

A partir de esta semana la CRE, que es a quien los gasolineros de todo el País reportan sus precios, liberó dicha aplicación tanto para el sistema Android como para iOS.

En ésta puede revisar los precios de Magna, Premium y diesel en gasolineras que se ubican de uno a 5 kilómetros de usted, y compararlos entre ellas ya que los precios actuales establecidos por la Secretaría de Hacienda son máximos, con excepción de Sonora y Baja California, donde el mercado ya fue liberado.

Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE, resaltó que la aplicación ya incluye los datos de las gasolineras de todo el País y puede atender al número de usuarios que la requieran.

“Yo creo que va a ser una aplicación muy socorrida, la información que tenemos es muy valiosa porque nadie va a tener los precios en tiempo real como nosotros”, expresó.

Adelantó que posteriormente van a compartir esta base de datos para que sea utilizada por otras aplicaciones, como Waze o Google Maps.

Con símbolos la aplicación identifica las estaciones de servicio por debajo del precio máximo y también aquellas con precios más altos, los cuales, en la Ciudad de México, se refieren a los precios establecidos por Hacienda.

Incluso puede darle cinco estrellas o menos a la estación de servicio que visite, además de reportar alguna anomalía como precios diferentes, litros incompletos o negación del producto.

En caso de precios diferentes la aplicación le pide tomar una fotografía de estos para ingresar el reporte y exige anexar un correo electrónico.

Para los litros incompletos debe detallar el número de bomba y también su correo electrónico.

Previamente, en su versión de prueba, la Gasoapp estuvo disponible en enero de este año.

Carlos Martínez, director de la asociación Central Ciudadano y Consumidor, señaló que los reportes de litros incompletos valen la pena ahora, pero a la larga van a perder atractivo una vez que haya más competencia.

“En la medida en que lo identifiquen los consumidores se van a ir a la gasolinera donde tengan los litros completos y automáticamente las otras gasolineras van a tener que reaccionar”, apuntó.

Sin embargo, mencionó que se debería permitir denuncia de manera anónima, dejando como opción añadir un correo electrónico, pues de lo contrario se puede desincentivar al usuario.

“Entre menos trabas pongan al usuario para reportar es más fácil que el usuario reporte, pues de otra manera se puede desanimar”, dijo. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo

Tres argumentos a favor del aumento de la gasolina

El día de ayer, en medio de los cambios en el gabinete, el Presidente ofreció una explicación (es un decir) por demás cantinflesca sobre el aumento en el precio de las gasolinas. Aquí pongo tres argumentos que se pueden usar para justificar las alzas:

1) El uso de combustibles fósiles provoca externalidades negativas. Se ha estimado que al año hay 20 mil muertes por contaminación, más las miles hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Lo anterior, significa que existen pérdidas en productividad y se cargan los costos al sistema de salud pública. Por lo anterior, en muchos lugares del mundo se grava el uso de los combustibles fósiles, además de que es una recomendación que han dado desde hace varios años las agencias de energía. En México el IEPS es un impuesto al consumo de combustibles, con el que el gobierno obtiene recursos fiscales para gastar en otras áreas de política pública (salud, por ejemplo). Además, por el tipo de bien este impuesto es progresivo, su incidencia es mayor entre quienes tienen mayores ingresos (el subsidio, por tanto es regresivo)

2) Nueva fórmula de determinación de precios. Ésta toma en cuenta el precio internacional de referencia (en dólares, por lo que la deprecación del peso afecta), los costos de transportación y distribución y un margen comercial para las estaciones de servicio, entre otras cosas. El resultado son precios que varían en función de los conceptos anteriores (en este mapa se pueden ver los precios). con estos precios diferenciados se pueden ver las necesidades de inversión en transporte y distribución de gasolina y se puede ver donde hay déficit de estaciones de servicio. Por lo que el sistema de precios tiene como consecuencia incentivar la entrada de competidores a Pemex en distintas partes de la cadena. Y se debe recordar que el precio publicado es el máximo (para evitar abusos) por lo que cualquier grupo gasolinero puede ponerlo por abajo y empezar la competencia en precios. En este artículo de 2015, hablaba sobre las estrategias regulatorias diferenciadas para incentivar la entrada de competidores y no dejar sólo a Pemex;, y

3) De las poco más de 12 mil estaciones de servicio ninguna es de Pemex, son de privados. El nuevo esquema pone los incentivos para que los privados busquen mejores proveedores (competencia a Pemex) o para que Pemex se vuelva más eficiente y baje sus costos. El signaling del sistema lo resumía Luis De la Calle en un artículo: “… si prefiere apostar por un mercado competitivo y terminar con la sangría, apoye la implementación de las reformas estructurales. Si es empresario y está seguro de que está cara, invierta en gasolinas, haga un descuento y vuélvase rico…”.

En el largo plazo, se dejará de gastar en subsidiar combustibles fósiles (esto incentiva la transición energética), el gobierno puede recaudar dinero para invertir en otras áreas de política pública y pones las condiciones necesarias para la competencia económica en el sector.

Otra discusión aparte, aunque paralela, son los dispendios del gobierno (debe haber mayor austeridad), la ineficiencia del gasto público (programas como la Cruzada contra el hambre), y la falta de competencia en licitaciones públicas, entre otras cosas. Si el gobierno quiere que los ciudadanos apoyen los nuevos precios debería de poner el ejemplo de orden y austeridad.

¿Vetará EPN la #Ley3de3?

Después de la controvertida aprobación de las leyes que conforman el sistema anticorrupción, ha surgido la petición para que el Presidente vete los artículos 29 y 32 de la nueva Ley de Responsabilidades. Por lo pronto, la petición tiene ya 80 mil firmas y la Presidencia ha pospuesto el evento de promulgación del paquete de leyes. Ahora bien, ¿podemos esperar realmente un veto del Presidente?

De acuerdo con un estudio de Magar y Weldon (2001), el veto presidencial en México fue utilizado ampliamente entre 1917 y 1969[1]. De hecho, se vetaron 245 proyectos de ley en el periodo, principalmente sobre temas de jubilaciones y pensiones (154). En dicho periodo, los presidentes que más utilizaron esa facultad fueron: Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. No es casual que durante el llamado Maximato se haya utilizado más esta figura, en 8 años (1924-1932) hubo 3 presidentes que enfrentaron congresos divididos y, a través de Calles se empezaba a formar el régimen de partido único.

Una vez consolidado el régimen, entre 1969 y el año 2000, no se observó ni un solo veto presidencial. Hay que recordar que fue hasta 1997 cuando el Ejecutivo enfrentó un congreso dividido y en el 2000 hubo alternancia en el poder. Entre el año 2000 y el 2012, observamos que los presidentes volvieron a usar esta facultad, que tiene como propósito hacer visibles sus preferencias sobre política pública. En total se ha usado en 26 ocasiones.

En los más completos estudios sobre el veto en México (Montiel Olea, 2010 y 2013) se muestra que esta figura ha sido utilizada por los ejecutivos de manera total y manera parcial[2]:

VetosCesar
Tomada de Montiel Olea (2013)

En lo que va del sexenio del Presidente Peña Nieto no se ha observado el uso de esta facultad de relación con el congreso, y sólo ha hecho uso de la iniciativa preferente una sola vez. Por el contrario, desde la concepción del “Pacto por México” ha buscado que haya consensos en las cámaras que reflejen sus preferencias y que él pueda publicar sin problemas. Sin embargo, en el caso de la #Ley3de3 se ha observado una división clara de las bancadas en el congreso y una exigencia social inusitada, que va desde las más de 630 mil firmas por la iniciativa ciudadana hasta empresarios tomando el Ángel de la Independencia.

Puede ser que el Presidente, contrario a la tradición más priísta de los últimos presidentes del S. XX, decida usar esta facultad que le da el artículo 72 constitucional. Podría mandar una enmienda a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades, que podrían ser revisados por el Congreso para a la vez que puede publicar el resto de las leyes del sistema. La ventaja del veto parcial es que da una nueva oportunidad de diálogo con el Congreso. Como decíamos, el ejercicio del veto revela las preferencias reales del Presidente sobre esa Ley, si lo ejerce puede mostrar su compromiso con la ciudadanía, si no lo hace sabemos lo que significa.

ACTUALIZACIÓN (23/04/2016)

El Presidente mandó enmiendas las leyes del sistema anti corrupción. Es un veto parcial (enmiendas), que el Congreso tendrá que discutir.

[1] Magar, Eric, y Jeffrey Weldon (2001), “The Paradox of the Veto in Mexico (1917-1997)”. Presentado en la 60th Annual Midwest Political Science Association meeting, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois. Abril 26.

[2] Montiel Olea, César. (2010) Repensando los poderes presidenciales: un estudio del veto total y parcial en México, 1997-2009. Tesis de Licenciatura en Ciencia Política, ITAM. Y ver: Montiel Olea, César (2013). “Presidential vetoes in practice: a preliminary study for Argentina, Brazil, and Mexico”. Documento de trabajo, Department of Politics, NYU.

¿Ideología o pragmatismo? Elecciones locales en 2016

Los resultados electorales del pasado 5 de junio han tenido distintas lecturas. Desde lo que ven en el resultado una evaluación a los gobiernos locales y al gobierno federal (el “y” se enfatiza cuando son del mismo partido), hasta quienes creen que  se trata de un castigo a la propuesta legislativa del Presidente a favor del matrimonio igualitario. No nos vamos a detener en los méritos de cada argumento.

Lo que me gustaría analizar es la competencia electoral que hay en cada estado y las opciones que tiene de elección cada ciudadano. Para los 12 estados en que hubo elecciones a gobernador, el número efectivo de partidos fue en promedio de 2.4, es decir, cada ciudadano pudo elegir realmente entre 2 opciones con posibilidades de ganar. En estados como Veracruz o Tlaxcala, este índice estuvo más cercano a 3, mientras que en otros como Aguascalientes fue 2. ¿Por qué sucede esto si siempre hay más de dos candidatos? La respuesta es que, normalmente, el partido en el poder arranca con ventaja y en la competencia hay uno sólo que presumiblemente es el más fuerte para derrotarlo. Dependiendo de las condiciones del estado, los electores puede elegir entre la continuidad o el cambio.

Alianzas
Ganadores y segundos lugares de las elecciones en 12 estados.

Lo interesante empieza cuando vemos la configuración de partidos ganadores y perdedores de cada elección. Mientras que en 1998, de 10 estados, sólo en Tlaxcala el ganador era fruto de una coalición electoral, en el 2016 9 de los 12 ganadores lo eran. Al parecer, desde 2004 han prevalecido las alianzas de los partidos para postular a un candidato a la gobernatura. Como se puede ver, la alianza PRI-PVEM-PANAL es la que más veces se ha repetido entre 2010 y 2016, esta alianza ha ganado en 11 procesos en esos años; mientras que la PAN-PRD ha ganado en 6 procesos.

Si los partidos representan, según la Constitución, un medio para que los ciudadanos accedan al poder público de acuerdo con los programas e ideas que postulan, esto es, se ven como plataformas ideológicas que agregan a ciudadanos en la búsqueda del poder. Lo anterior, implicaría que cada partido representa ideas claras y distinguibles entre sí que ayudan a cada ciudadano a elegir el medio de acceso al poder que conviene más a sus intereses. Sin embargo, no es así, un mismo partido como el PAN puede ser el impulsor del matrimonio igualitario en Colima y su más férreo detractor en Aguascalientes: partidos ambidiestros y ciudadanos confundidos.

Lo que parece, es que lo partidos perciben la dimensión mecánica de la agregación de votos como la más importante. Se unen en cada estado,para dar viabilidad a la continuidad de la agenda del gobernante o para retarlo. Estiman que es mejor que el ciudadano tenga sólo dos opciones, como en Durango que en lugar de 10 candidatos se observaron 6 y entre 2 de ellos (los que iban en alianzas) se llevaron el 90% de la votación. Es decir las alianzas concentran las posibilidades de triunfo y se reducen las opciones para que el ciudadano elija.

Si se acepta el efecto mecánico de las alianzas, los partidos deberían de trabajar en el plano ideológico. La alianza PAN-PRD podría formalizar una coalición estable que defina las ideas que llevarán al poder: combinar la ortodoxia económica del PAN con la ampliación de derechos y libertades civiles que promueve el PRD, entonces contaríamos con una plataforma demócrata-liberal. Del otro lado, la coalición más estable es ya PRI-PVEM-PANAL que podría aglutinar la representación sindical de algunos sectores, medio ambiente y gasto público. Con ello se tendría clara idea de lo que postula cada una de las alianzas estables, más allá de la persona que los represente.

En resumen, la resolución del dilema entre ideología y pragmatismo se podría resolver si las alianzas derivan en coaliciones formales en las que se definan postulados ideológicos claros. A la larga, estas coaliciones se podrían convertir en los nuevos partidos políticos, como parece que ya sucede.

Efectivo y elecciones

Hace unos días Integralia sacó un reporte en el que alertaba el aumento de dinero en efectivo en tiempos electorales.

En otro estudio sobre el crecimiento de la base monetaria, Ramos-Francia, Noriega y Rodríguez-Pérez (2015), muestran el crecimiento de M1 (efectivo) en tiempo electoral:

GraphRamosFrancia
Ramos-Francia, Noriega y Rodríguez-Pérez, 2015 (Gráfica 8)

La gráfica que parte desde el 95, muestra cómo cada año electoral se gasta más en efectivo. Seguramente, muchos de esos gastos no se reportan al INE ni se pueden rastrear vía facturas electrónicas ni nada. Es indispensable pensar en un nuevo modelo de gasto financiamiento a las campañas y elecciones del país.

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