Sobre los precios y la regulación de Uber

El día de ayer Leo Zuckermann escribió en Excélsior una columna verdaderamente lamentable «Sobre los precios exorbitantes de Uber» (sobra decir que confunde las prácticas monopólicas y otros problemas). Sin embargo, no sólo él sino otros comentaristas, opinólogos y ciudadanos en general se han quejado sobre la tarifa dinámica de Uber durante la contingencia ambiental. Explico algunos puntos.

Oferta y demanda

Este es el apartado más sencillo. En la economía de mercado la ley de la oferta y la demanda es el estándar. ¿Cómo funciona? Básicamente, supone que cuando hay mayor demanda por un bien o servicio se genera escasez y por lo tanto tienden a aumentar los precios; el aumento de precios hace atractivo el mercado para los oferentes y entran más compañías a ofrecer sus bienes y servicios, esta nueva oferta cubre la escasez anterior y si hay más oferta que demanda los precios tienden a bajar, pues hay abundancia. En términos más simple, la abundancia de un bien lo hace relativamente más barato y la escasez más caro.

Ahora bien ¿Qué efectos tuvo la contingencia ambiental?  De manera muy rápida, la oferta disminuyó y la demanda aumentó. El efecto fue distinto en cada mercado de transporte. Veamos por qué.

  • Del lado del transporte público. Este tipo de transporte tiene más o menos una oferta fija, hay las líneas de metro o metrobús que hay, o existe un número fijo de concesiones públicas a camiones o taxis. Dado lo anterior, cuando una política restringe el uso del automóvil, la gente migra al transporte público. Al haber una oferta fija, rápidamente se genera un exceso de demanda y escasez de asientos en el sistema de transporte. Una de las peculiaridades del sistema público es que tanto la oferta como el precio están regulados, es decir las concesiones y rutas las otorga el gobierno y la tarifa que se cobra es fija, independientemente de la demanda. Por lo anterior, cuando hay estos shocks inusuales de oferta no se puede jugar con el precio como medida de descongestionamiento. La lección: el sistema de transporte público es insuficiente, y la Ciudad no está preparada para enfrentar un exceso de demanda.
  • Transporte privado y compañías que lo ofrecen. Aquí la regulación es distinta. Hay que recordar que el Gobierno de la Ciudad decidió regular compañías tipo Uber o Cabify el año pasado. En la regulación estableció que un porcentaje de las ganancias de los viajes se irían a un fondo especial que serviría para mejorar el transporte público y se puso un valor mínimo a los automóviles que pueden inscribirse a la plataforma. Sin embargo, no se reguló la manera en que cobran ni se hicieron mayores restricciones a la oferta. En este contexto, estas compañías cuentan con una oferta más flexible, es decir han ido incrementando el número que autos que ofrecen sus servicios conforme crece la demanda, y el precio, al estar sujeto a la demanda permite autorregular el número de entrantes al mercado y las ganancias esperadas de los participantes. Sin embargo, al estar basado en el automóvil particular, la contingencia ambiental provocó una contracción de la oferta de los autos de estas plataformas (no todos podían circular). La misma contingencia generó un aumento de demanda, hubo más usuarios que pidieron Uber de los que normalmente lo piden, si no podías manejar por la restricción, Uber entra dentro de tus posibilidades de transporte y lo pides. Se juntó entonces la contracción de la oferta con una expansión de la demanda, generando más escasez. Al no tener precio regulado, los precios aumentaron para controlar la escasez y disuadir a usuarios de usar el servicio si no lo valoraban al precio esperado. La lección: el sistema de precios flexibles ayudan a amortiguar los efectos de la escasez.

Sin embargo, ambos efectos generaron un malestar en la ciudadanía y pusieron en el foco de atención las políticas en materia de transporte y regulación que debe de utilizar la ciudad.

Precios dinámicos de Uber

Una de las principales ventajas del modelo de precios de Uber son los llamados precios dinámicos (como referencia este artículo). Pero la idea básica de este modelo es que la oferta y demanda se ajustan por hora y por colonia. Por ejemplo: un chofer de Uber en Xochimilco solo maneja 5 hr diario, para optimizar sus ganancias se queda en su casa estudiando hasta que ve que precios subieron en alguna colonia de la ciudad (p.e. Las Águilas), entonces  va a Las Águilas a trabajar a la mejor hora para él y esto es eficiente porque es cuando más se necesita (hay mayor demanda y él obtiene mayores ganancias). Eliminar a través de una regulación este modelo, eliminaría las eficiencias que genera, tanto para el conductor, como para los usuarios.

¿Uber es un monopolio?

Otra de las críticas que hubo es que Uber hizo «prácticas monopólicas» con sus políticas de precios. Difícilmente se puede sostener el argumento, en México no existen prácticas monopólicas relativas «por precios abusivos». Pero se debe de tener en cuenta lo siguiente.

En los estudios de Tirole-Rochet se habla de la competencia entre plataformas en mercado de dos lados, es decir, que tienen dos tipos de usuarios y hay interdependencia entre ambos.Ejemplos de ello es Google (sus clientes son los usuarios y los que quieren publicidad) o Uber (los conductores y los usuarios), en estas plataformas pues, unos y otros reciben beneficios diferenciados de la plataforma y el dueño de la plataforma gana por estas diferencias. Sin embargo para que tengan éxito se requiere que más y más usuarios adopten la plataforma en cuestión. Lo anterior, puede provocar que si todos adoptan una plataforma un futuro competidor la tiene muy difícil, pues es poco probable que pueda atraer a usuarios de una plataforma a otra que ofrezca cosas similares. En términos simples, difícilmente puede haber un competidor de Google, o de Facebook o de Uber, por lo que estos efectos de red pueden generar predominancia de los agentes económicos y prácticas monopólicas (como fijar precios o disuadir la entrada de competidores).

En principio, Uber cuenta con competidores directos o indirectos en el mercado mexicano; sin embargo, por los efectos de red que genera la plataforma, se deberá observar la conducta de la empresa. Si dada su posición predominante realiza prácticas que imponen barreras a la competencia, se tendría que castigar su conducta, pues perjudica a los consumidores. Con los elementos de información actuales no se puede decir que sea un monopolio.

¿Se puede castigar a Uber?

Si el lector ha puesto atención no es claro que debamos/ sea bueno para la sociedad castigar a Uber. De hecho, es difícil saber por qué, pues los usuarios acceden a los términos y condiciones de uso que ofrece la plataforma. Mancera ha dicho que tratará de regular el precio de la aplicación (eliminando la tarifa dinámica), lo que eliminaría las eficiencias en el mercado que genera y probablemente dañaría a los usuarios (al reducir sus opciones de consumo o evitar que entren competidores) .

Sin embargo, si lo deseáramos, hay dos formas:

  • Profeco. La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé en su articulo 10 que las compañías no pueden generar prácticas desleales o coercitivas en perjuicio de los consumidores. Y si se interpreta junto con el artículo 128 TER de la misma ley, es un caso particularmente grave cuando «se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores». En este caso se puede argumentar que la doble contingencia era una condición especial del mercado, por lo que los consumidores podrían acusar un daño derivado de una circunstancia especial del mercado. Lo anterior, pondría el foco sobre la conducta en un espacio temporal particular, y no se castigaría al mercado en general con una regulación de tarifas. Además, habría que ver que los competidores de Uber, decidieron bajar precios a presar de esas condiciones especiales. Valdría la pena un análisis serio de Profeco.
  • Consumidores. La otra es que cada uno cambie de aplicación y exija al gobierno un mejor transporte público. En la medida en que los consumidores adopten otras plataformas, podrán elegir la que más les convenga dependiendo las condiciones del mercado. Con lo anterior, se aminoran los efectos de red. La tecnología permite, precisamente, que se reduzcan casi a cero los costos de cambiar de plataforma en el momento que se requiera. Para exigir mejor transporte, no hay mejor manera que castigando en las urnas a quienes gobiernan mal.

Altruismo

«We now have four good Darwinian reasons for individuals to be altruistic, generous or ‘moral’ towards each other. First, there is the special case of genetic kinship. Second, there is reciprocation: the repayment of favours given, and the giving of favours in ‘anticipation’ of payback. Following on from this there is, third, the Darwinian benefit of acquiring a reputation for generosity and kindness. And fourth, if Zahavi is right, there is the particular additional benefit of conspicuous generosity as a way of buying unfakeably authentic advertising.»

Richard Dawkins (The God Delusion)

Otro impuesto: la concentración de los mercados

Esta semana el Coneval publicó los datos de pobreza, tanto a nivel nacional como estatal. Los resultados fueron desastrosos, por decir lo menos. La pobreza en el país aumentó 0.7%  en 8 estados de la república aumentó la pobreza extrema y/o la pobreza total. Lo anterior, habla de una mala política de de desarrollo social y combate a la pobreza. En la que se gastan miles de millones y que poco sirve para mejorar las condiciones de vida de las familias. Sólo hay que ver el total de personas con carencias alimenticias que a nivel nacional pasó de 27.4 a 28 millones de personas, a  pesar de que la Cruzada Nacional Contra el Hambre gastó 44 mil millones de pesos durante su primer año de operación.

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Fuente. Coneval

Lo anterior, tiene que ser el punto clave para el diseño del presupuesto base cero, se debe de gastar mejor y verdaderamente ser efectivos en el combate a la pobreza. Pero, en línea con este tema, y para que vean que una buena política de competencia puede ayudar a los más pobres, la Comisión Federal de Competencia emitió un resolución y multa a transportistas de Chiapas que cometieron prácticas monopólicas absolutas, en particular se pusieron de acuerdo para fijar precios en el mercado. El 76% de la población en Chiapas vive en condiciones de pobreza, por eso resulta peor ver la historia detrás de lo que investigó la Cofece. Como en otros estados, el transporte público y las regulaciones que lo norman han sido objeto de críticas por proteger a los gremios que lo brindan, por evitar que entren nuevos competidores, o como en el caso de Chiapas, por elevar los precios de manera acordada y limitar la oferta de servicios en detrimento de las familias.

En total, la Cofece calcula que estas prácticas afectaron a 943 mil personas en 13 municipios, y en total se observó un encarecimiento del transporte en ciertas rutas de entre el 5% y el 8%, lo que significó un daño económico de al menos 43 millones de pesos. Haciendo el cálculo con base en el gasto de los hogares en transporte público y los ingresos monetarios en Chiapas, este aumento de precio funcionó como un impuesto regresivo a los hogares, significó una tasa del 0.3% para los hogares en el decil I, mientras que para el decil X fue de 0.09%. De no haber existido este sobreprecio, se hubieran podido liberar recursos para otros gastos necesarios.

Eliminar y combatir este tipo de prácticas constituye una clara dimensión social de la política de competencia económica. Este caso muestra cómo la falta de competencia en los mercados, y las prácticas monopólicas afectan directamente el ingreso de las familias, sobre todo de las más pobres. La distorsión de los precios por la falta de competencia puede verse como un impuesto regresivo a la sociedad, por eso esta resolución resulta muy buen precedente para investigar y sancionar estas prácticas en los rubros de gasto más importantes para los hogares.

Tabla Resolución COFECE
No.
Acuerdo
Descripción de la práctica Tramo de la ruta Empresas involucradas
en la colusión
Periodo del acuerdo
1 Fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de venta del servicio. Puntos intermedios del tramo San Cristóbal de las Casas-Teopisca y viceversa, en la ruta Tuxtla-Comitán. Autotransporte Teopisca y Zuriel 1 ene. 2010a1 dic. 2011
2 Fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de venta del servicio. Tramo San Cristóbal de las Casas-Comitán y viceversa, en la ruta Tuxtla-Comitán. Balun  Canan, OTEZ y Autotransporte Teopisca 15 oct. 2010a31 ene. 2013
3 En el oficio de probable responsabilidad, se emplazó a diversos autotransportistas por la realización de 8 acuerdos ilegales. Respecto del acuerdo número 3, el Pleno consideró que no existían elementos suficientes para considerar la probable responsabilidad de algún agente económico.
4 Fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de venta del servicio. Puntos intermedios del tramo San Cristóbal de las Casas-Teopisca y viceversa, en la ruta Tuxtla-Comitán. Autotransporte Teopisca y Zuriel 1 ene. 2012a31 mar. 2013
5 Establece la obligación de no prestar o comercializar sino un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados del servicio. Ruta Tuxtla-Comitán. Balun Canan, Zuriel, OTEZ y OCC A partir de1 jun. 2012
6 Fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de venta del servicio. Tramo San Cristóbal de las Casas-Comitán y viceversa, en la ruta Tuxtla-Comitán. Balun Canan y Autotransporte Teopisca 1 feb. 2013en adelante
7 Fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de venta del servicio. Puntos intermedios del tramo San Cristóbal de las Casas-Teopisca y viceversa, en la ruta Tuxtla-Comitán. Autotransporte Teopisca y Zuriel 1 abr. 2013en adelante
8 Fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de venta del servicio. Localidades y puntos intermedios de la ruta Tuxtla-Tapachula. Aexa, AVC y OCC 1 dic. 2012(con al menos una vigencia de 1 año)
Fuente: Sitio de Internet Cofece: http://ow.ly/Q5fiK

Regulación ERT en DF: Oportunidad perdida

Esta semana se publicó la regulación que ha decidido el Gobierno del Distrito Federal en el caso de las empresas de redes de transporte (ERT, como Uber o Cabify). Entre otras la regulación consta de:

  • Creación de un registro de proveedores de servicio
  • Cuota anual de 1,538 para obtener el permiso
  • Que su flota tenga un precio mínimo de 200 mil pesos (valor factura)
  • Aportación del 1.5% del valor de cada viaje a un fondo de compensación (dirigido a taxis y ciclovías, distinto al de la ley de movilidad)

Lo anterior, nos hace preguntarnos si realmente el GDF tomó en cuenta el trabajo que muchos de nosotros (organizaciones de la sociedad civil, académicos, taxistas y compañías como Uber o Cabify) hicimos durante 2 días en el #DebateCDMX. Lo anterior, debido a que las conclusiones de esas mesas de debate contenían muchas ideas que significaban repensar el modelo de transporte y movilidad en la ciudad, no se trató de un ejercicio sólo de ver qué pasaba con Uber o Cabify, sino uno en el que se pusieron sobre la mesa ejes para mejorar la política pública de la ciudad.

En la mesa en la que participé, tanto las empresas de redes de transporte, como taxistas, como otras organizaciones, coincidíamos en los siguientes aspectos: a) se requiere mejor regulación para todos; b) la tecnología hace más eficiente el servicio y c) se debe centrar la política en la calidad hacia los usuarios. Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia emitió una opinión no vinculante sobre las ERT, en ella exhortaba a los gobiernos estatales y al Distrito Federal a generar una categoría especial para este tipo de compañías (p.e. con un cambio en la Ley de Movilidad), y así tomar en cuenta los beneficios al consumidor que otorgan por su eficiencia e innovación. Además, la Cofece decía que en caso de existir regulación, su diseño debería evitar establecer precios controlados (máximos) o limitar la oferta de vehículos, mucho menos las dos cosas al mismo tiempo (como de hecho ocurre actualmente en el mercado de los taxis). La razón es sencilla: estas restricciones distorsionan el mercado y pueden desaparecer las ventajas en eficiencia que permite la tecnología.

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Ejemplos de ERT

Con este coctel de propuestas, se tenía todo para pensar de manera integral qué queremos en materia de transporte para la ciudad. Sin embargo, parece que el regulador renunció a su tarea fundamental de velar por el interés económico, social y de seguridad de las personas. Por el contrario, la propuesta está destinada a extraer rentas y privatizar la actividad estatal, pues se pretende que una empresa sea la que pague por la irresponsabilidad de años en materia de transporte público.

Se debe reconocer que, independientemente la posición que cada uno tenga sobre las ERT, la regulación actual de transporte ha fallado: el control de oferta no funciona, pues hay más de 20 mil taxis operando de manera simulada (con la misma cromática, confundiendo al consumidor) fuera de la ley; el control de precios es un fracaso si cada viaje se tiene que negociar la tarifa fijada; y, la seguridad a los usuarios falla por cada concesionario de un servicio público que es cómplice de alguna banda crimina (así sea un caso). Por otro lado. se debe valorar el acercamiento que han tenido todas las partes para buscar una solución, en otras partes del mundo simplemente se ha prohibido la operación de las empresas o ha habido omisión por parte del gobierno.

Sin embargo, la aparente solución que se ofrece hoy es una dónde se abandona la tarea de ver por el interés general, se busca extraer rentas y generar ineficiencia. Por ejemplo, limitar el valor del automóvil puede generar dos efectos perversos: que los que estén por debajo salgan de la plataforma y se inunde el mercado de autos usados, cuya sobreoferta devaluará los activos; y, que en las ERT sólo entren automóviles de lujo, elevando los precios a los usuarios. Es decir, el planteamiento regulatorio segmenta de manera ineficiente el mercado e impone costos adicionales a los consumidores. Además, esta medida impone de facto un control de oferta y una barrera a la entrada que podría ser investigada y sancionada por la Cofece.

En cuanto a las licencias de funcionamiento, se debe pensar en un esquema de precios que no imponga desventajas ni a las ERT ni a los taxis, es decir, buscar un piso parejo. Con la información disponible poco se puede saber de este punto, pues el GDF ha fallado en su comunicación al respecto. Las aportaciones al fondo de compensación me parecen lo mejor, si bien las ERT no deberían de pagar la mejora en los taxis que hoy no pueden tener mayor calidad, precisamente por las fallas regulatorias del gobierno, es bueno que aporten para generar un nuevo modelo de movilidad basado en peatones, ciclistas, transporte masivo y mejores espacios públicos. Pero, se debe de transparentar y sustentar legalmente el nuevo fondo, pues es distinto al que existía en la propia Ley de Movilidad (¿acaso sólo es una caja chica para mantener la política clientelar hacia el gremio de taxistas?). Por último, parece que el gobierno renunció a mejorar la mala regulación que prevalece hoy para los taxistas, ni la flexibiliza ni revisa el esquema de costos ni mejora las tarifas, ni ninguna otra cosa de lo que muchos de los que han participado en los debates han aportado.

El GDF pierde una graan oportunidad para replantear el modelo de transporte personal, en lugar de ello, parece sólo buscar dinero, aun cuando, ejemplos sobran, el gobierno decide mal y gasta peor.

Aquí pueden escuhar la entrevista al respecto que me hicieron en El Weso:
http://www.wradio.com.mx/playermini.aspx?id=2855077

Aquí opinión de Miguel Ángel Mancera sobre la regulación: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=67231

Filosofía atrás de la regulación

Dejo esta cita del economista checo Tomáš Sedláček:

La cuestión de si el hombre es bueno o malo es una pregunta clave para las ciencias sociales. La «regulación» habría de desarrollarse a partir de ella. Si el hombre es malo por naturaleza, entonces es necesario forzarlo hacia el bien (en el contexto y bajo el pretexto del «bien social») y limitar su libertad. Si es un mundo de perro que come perro, como creía Hobbes, necesitamos un Estado fuerte, un poderoso Leviatán que fuerce a los hombres hacia el (no natural para los hombres) bien.

Pero si, por otro lado, la naturaleza humana (o algo del núcleo ontológico del ser del hombre, su mismo «yo») es buena, entonces es posible más laissez faire. El hombre puede ser dejado en paz porque la naturaleza humana tendrá automáticamente una tendencia a dirigirlo hacia el bien. La intervención del Estado, la regulación y los límites a la libertad sólo necesitan ser aplicados donde el hombre, como parte del todo, no es suficientemente (colectivamente) racional, donde la coordinación social espontánea funciona de manera pobre o donde la coordinación forzada es capaz de garantizar mejores resultados (en el caso de externalidades, por ejemplo). Ésta es una de las cuestiones clave para la economía: ¿se puede contar con la libre voluntad de miles de individuos, o necesita la sociedad coordinación desde arriba? ¿Cuáles son las áreas de la actividad humana en las que el mercado espontáneo puede lograr resultados óptimos? ¿Cuándo es que la interacción de la actividad humana libre (no regulada) se dirige espontáneamente hacia el bien y cuándo se dirige hacia el mal? (La economía del bien y del mal, FCE, 2014).

¿Alguien que quiera adelantar alguna respuesta a las últimas preguntas?

Jalisco, la debacle anunciada del PAN (y los partidos)

“All politics is local”

Tip O’Neill

Los resultados del domingo pasado fueron en general malos para Acción Nacional: en la cámara de diputados obtienen su porcentaje más bajo desde 1991; pierden Sonora, aunque ganan Querétaro; avanzan en el DF, a pesar de las denuncias de corrupción en su contra, pues lo hacen gracias al avance de Morena; se van a lejano tercer lugar en Nuevo León, donde también pierden la capital, y muchos otros. Pero me llama la atención el retroceso que sufre en Jalisco, en la capital apenas logró poco más del 9% de los votos y no ganaron ni uno solo de los 20 distritos locales, después de que gobernaron la entidad entre 1995 y 2013. Ejemplos similares en otros partidos son los resultados del PRD en el Distrito Federal y del PRI en Nuevo León.

Jalisco, junto con la zona del bajío y los territorios del movimiento cristero, fue cuna del primer panismo. En 1942, Acción Nacional presumiblemente ganó el ayuntamiento de El Grullo, y aunque no logró tomar posesión fue la primera victoria municipal de la oposición en medio de un régimen autoritario y centralista. El estado, además fue cuna del primer candidato a la presidencia de la república por el PAN, Efraín González Luna, y de otro más en 1970, Efraín González Morfín. Décadas después, luego de las luchas por las gubernaturas de Chihuahua y Baja California en los 80, Acción Nacional gana el gobierno de Jalisco en 1995, que junto con Baja California y Guanajuato, son los que más años ha gobernado. En las elecciones estatales de 2012, pierde el gobierno después de 18 años y lo devuelve al viejo PRI. Tres años más tarde el PAN está marginado del espectro político de la entidad.

Que toda política es local es algo que parecía entender bien el PAN desde su fundación. Este principio parte de que el municipio es la base del contacto del ciudadano con lo público, es ahí donde se ejercen las primeras y más importantes libertades políticas, es también el espacio de conexión más directo entre la provisión de servicios públicos y la demanda de calidad por los mismos. Así el PAN fue ganando desde lo local espacios para conseguir su crecimiento nacional, entendía el voto como una expresión de la realidad más inmediata de los ciudadanos, por eso, como dice Soledad Loaeza, el PAN se fue nutriendo de distintas visiones que llegaban al centro a defender intereses muy locales. Eran distintos los militantes del norte y su presión por un gobierno que diera libertad a los empresarios, a los más conservadores del centro y sur que buscaban medidas redistributivas.

Pero, los 12 años del PAN en la presidencia significaron el alejamiento de estos principios. Las políticas dictadas desde el centro y las posiciones públicas del partido empezaron a importar más que las necesidades locales y su representación. El PAN cayó en la lógica del centralismo heredado del PRI, en cada elección local o federal pretendían hacer una lectura sobre el actuar nacional, no se explicaban cómo si los presidentes Fox o Calderón tenían alta aprobación de la ciudadanía no se veía reflejado en los resultados electorales del PAN. Desde el centro se trató de mejorar eso a costa de invisibilizar y solapar excesos, escándalos y corruptelas a nivel local.

En Jalisco, el PAN, aprovechando el monopolio electoral estatal, la cámara local casi a modo, y el gobierno reiterado de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, dejó de escuchar las necesidades más inmediatas de sus electores y se dedicó a hacer política nacional. No hay que olvidar que fue un gobernador de Jalisco quien “destapó” a Felipe Calderón para la presidencia, Francisco Ramírez, que después ocuparía la Secretaría de Gobernación. Otro ex gobernador, Alberto Jiménez fue también secretario federal, ambos, desde sus carteras intentaron acrecentar su poder político en lo local. El resultado fue claro: Alberto Cárdenas, después de ser gobernador, pre candidato a la presidencia de la república y secretario de estado, no fue capaz de obtener votos suficientes para ganar la alcaldía de Guadalajara.

En lo más reciente, las tensiones entre el partido a nivel nacional y local terminaron en una importante escisión del PAN. Ricardo Rodríguez, quien había sido secretario general del partido en Jalisco, diputado federal y consejero nacional por el PAN, entre otros cargos, renunció a la bancada del partido en el congreso local para declararse independiente en 2013. La razón, fue su desacuerdo con una dirigencia estatal que a través del coordinador panista de los diputados negociaba con el gobierno de Aristóteles Sandoval plazas para sus allegados. También denunció los excesos y gastos del gobierno saliente, junto con otros destacados panistas como Víctor Sánchez. El PAN, lejos de investigar a sus propios militantes, optó por expulsar a Ricardo del partido.

A este movimiento de denuncia, se unieron otros tres diputados panistas, quienes junto con los de Movimiento Ciudadano formaron el G-9, un bloque que planteó una agenda legislativa común y opositora al gobierno estatal y que rechazaban la corrupción y componendas que organizaba el propio PAN para mantener sus privilegios. Lejos de que el partido hiciera algo, hoy esos tres panistas enfrentan procesos de expulsión por la comisión de orden. Se quisieron callar escándalos de corrupción locales con el pretexto de no manchar la imagen nacional del partido, ya de por sí en declive por los ánimos a Montana, y a costa de sus votantes.

En el 2014, Diego Monraz dejó también las filas del PAN, después de criticar las decisiones de la dirigencia y llamar a una alianza con Movimiento Ciudadano, a su salida dio los resultados de un sondeo que había hecho en su municipio, Zapopan, en el que se concluía, entre otras cosas, que:

  • Los ciudadanos ya no creen en los partidos, el 35 por ciento señala que el más corrupto es el PRI, seguido por el PAN con 22 por ciento.
  • Más de la mitad de los zapopanos están desilusionados del PAN y hartos del PRI, por eso aseguran que un partido diferente debe gobernar.
  • A pesar de tanta desilusión e indignación de la gente, el 80 por ciento distingue que todavía hay políticos buenos y malos. La mayoría de los consultados dijo que el partido más confiable es Movimiento Ciudadano.

Estos mensajes demostraban, desde entonces, que el PAN era un partido que más que escuchar a su militancia, prefirió buscar el mantenimiento de los privilegios de su élite. Perdió esa noción localista que los caracterizaba, dejó de ser atractivo para los ciudadanos como instrumento de acceso al poder. El movimiento iniciado por Alfaro en 2012, y la estructura de Movimiento Ciudadano abrieron su cauce a esos ex panistas, y ciudadanos en general, que se veían poco representados por el partido que los había gobernado durante décadas. Los resultados electorales de 2015, dan cuenta del poder del voto en mandar mensajes de castigo a los partidos que no son capaces de estar a la altura de las expectativas que cada ciudadano deposita en su voto.

En su libro sobre los partidos políticos, Robert Michels planteaba que conforme los partidos y organizaciones crecen, dejan de ser democráticos y se vuelven espacios en el que las oligarquías buscan la manutención de privilegios. Si no hay otra opción que los partidos, los dirigentes tratan de perpetuar sistemas cerrados que van cambiando muy lentamente. Pero la apertura del sistema, el pluralismo y los mecanismos como candidaturas independientes, muestran que los ciudadanos pueden abandonar a estas estructuras vetustas y oligárquicas. No es casual que en todo este acontecer en Jalisco se hayan caído los muros del sistema con el ejemplo cívico de Pedro Kumamoto, cuya candidatura ciudadana inspira y refresca la política. Los partidos no tienen más que renovarse o morir.

ResultadosGDL2

ResultadosZapopan

Voto nulo, de castigo y transición democrática. Re-lectura de algunos textos de Lujambio.

Hace algunas semanas discutía con mi amigo César Montiel (@oleacesar) sobre la calidad de algunos análisis que hacen los columnistas en los medios de comunicación en México. César concluía que a muchos les hace falta enfatizar los efectos que ha tenido la transición política y el pluralismo en ciertas variables de la vida institucional, estoy de acuerdo. Traigo esto a cuento por la infinita discusión que se ha dado en torno al valor del voto nulo en México. Aquí mismo, en diciembre del año pasado, decía que era un tema que se tenía que discutir tanto como se hizo en el 2009.

No voy a adentrarme en los detalles de la discusión, basta que se asomen al TL de @javieraparicio (contra el anulismo) o de @ppmerino @denisedresserg o @jicito (a favor). En general diría lo siguiente, quienes llaman a un voto de castigo apelan a la idea de generar contrapesos en el sistema y hacer con ello más funcional a la oposición. Del otro lado, muestran que es inútil generar estos contrapesos en un sistema atrofiado que no tiene conexión con las preferencias de los ciudadanos, por lo que pretender castigar con el voto es poco menos que un absurdo.

En este debate quisiera meter algo a favor de ambas perspectivas, porque creo que tienen razón y que en realidad están viendo dos momentos del sistema, conectados en la propia historia de la transición, que en varios ensayos y libros documentó Alonso Lujambio.

La oposición que sirve

Releí algunos de los ensayos recogidos en el libro de “Estudios Congresionales”, en ellos, Lujambio, a través del análisis de la composición del congreso mexicano, estudia la transición política del país. Cada escaño que perdía el PRI construyó el camino a la democratización de México. Fue el PAN, por ejemplo, el que presionó al gobierno por la reforma electoral de 1963 en la que se introduce la figura de diputados de partido. La elección del 58 fue tan inequitativa para el PAN que éste pidió a los diputados que había ganado que no se presentaran al Congreso y retiró a sus representantes de la comisión electoral, lo que obligó al régimen a emprender reformas para mantener la legitimidad del sistema.

Este precedente fue clave para las reformas que siguieron, el gobierno contaba con una amenaza creíble de que la oposición podía poner en aprietos un sistema autocrático. Desde entonces empezó a crecer la oposición en la cámara, se hicieron reformas electorales, económicas y sociales que probablemente el régimen no hubiera hecho sin la presión opositora. La irrupción del PRD a finales de los 80 aceleró el ritmo de cambio que se venía gestando desde la década anterior.

Tomada del libro
Tomada del libro «Estudios Congresionales»

En otra obra (Democratización vía federalismo), Lujambio analiza cómo el cambio en la distribución del poder desde la periferia presionó la democratización a nivel federal. Desde la primera alcaldía que ganara el PAN en El Grullo, Jalisco en 1942 (aunque no se logró tomar posesión), la que siguió en Quiroga (1946), hasta la obtención del registro como partido político nacional en 1948, como opositor presionó desde la esfera local por cambios en la legislación electoral que tuvieron impacto hasta el nivel federal. A través del reclamo de cada victoria, aún a costa de las amenazas del régimen, se logró la mejor representación de los intereses locales. México no sólo tenía hijos de la revolución, si no pequeños comerciantes, empresarios y ciudadanos que encontraron en el PAN una auténtica plataforma de participación política, como lo muestra Soledad Loaeza en su extenso estudio sobre el PAN.

Del lado del PRD, su aparición demostró que el PRI no era invencible, que era posible una opción de izquierda fuera de la familia revolucionaria que uniera a los antiguos partidos socialistas y que representara una salida política viable, desde la izquierda, para miles ciudadanos, como lo explica de manera clarísima Kathleen Bruhn. Su papel de vigilante al gasto y promotor de políticas redistributivas ha generado mayor atención a temas de política pública como pobreza, discriminación, inclusión económica, entre otros.

Con estos breves recortes quiero decir que la generación de contrapesos efectivos al sistema ha sido motor de buena parte de los cambios institucionales a lo largo del tiempo.

La oposición en su comodidad

En “Adiós a la excepcionalidad mexicana”, Lujambio decía que precisamente la llegada del gobierno dividido era un parteaguas para la dinámica institucional del país. Por primera vez, el partido gobernante tenía que hacer alianzas en el congreso, todos tenían que re-aprender su papel dentro de la democracia mexicana. Y así fue. Desde entonces ningún presidente de la república ha gobernado con mayoría. Todos han tenido que pelear (salvo el periodo del Pacto por México) por sus reformas. Pero se mantenía una peculiaridad dentro del sistema, a pesar de la fragmentación moderada del congreso (tripartita) se observaba la cooperación entre las fuerzas políticas desde el principio del gobierno dividido.

De hecho, Lujambio en “El acertijo constitucional. A seis años del gobierno dividido en México”, decía que esa configuración del congreso presionaba a que los partidos asumieran posiciones públicas de sus actos. Y que si bien se corría el riesgo de parálisis se limitaba la irresponsabilidad:

“…La parálisis entendida como indefinición es peor que la continuidad del status quo producto de desacuerdos discutidos, deliberados, argumentados y votados. En la parálisis-indefinición reina la irresponsabilidad. Por el contrario, cuando algo se aprueba o se rechaza en el Pleno de las cámaras, cuando se vota finalmente un asunto, cuando se fijan posiciones, los partidos se responsabilizan cabalmente de ello ante los ciudadanos (y ya ellos se encargarán de juzgar, desde su óptica política e ideológica, si la posición adoptada por éste o aquel partido es responsable o irresponsable”. (ALI. El acertijo constitucional)

Lujambio mostraba su convicción democrática por el disenso, asignaba a los partidos la tarea de responsabilizarse como contrapesos mutuos y dejaba al ciudadano la libertad de elegir entre sus opciones. Pero, este texto del 2003 no vio la historia completa de la pluralidad política en México. El sistema se fue reformando, la oposición obtuvo más espacios, las reformas de transparencia de principios de los 2000 mostraron que se pueden traducir las preferencias de la ciudadanía en piezas legislativas útiles y que generan rendición de cuentas. Pero, no se avanzó en concretar mecanismos de conexión directa entre los políticos y la ciudadanía a través del voto.

En el artículo 59 Constitucional (reelección) está la clave, como lo escribiera Lujambio. Si bien la constitución de 1917 no prohibía la reelección consecutiva de legisladores, en 1933 se prohibió por un afán de control del régimen “revolucionario”. Fue hasta 2014 cuando este mecanismo se reintrodujo en la legislación, aunque sufrió modificaciones que siguen dejando a los partidos el control de la carrera de los políticos[1].

Lo que ha pasado es que la oposición no ha logrado impulsar reformas que verdaderamente hagan participe al ciudadano de lo público. La pluralidad política que trajo la primera ola de reformas políticas evidencia, con el paso del tiempo, la necesidad de mejores arreglos que incluyan al ciudadano en la definición del interés general. El sistema de contrapesos ha fallado para acercar a los ciudadanos a la política. Los partidos políticos han fallado en ser instrumentos de la ciudadanía para el acceso al poder. Los ciudadanos no cuentan con canales suficientes dentro del sistema para expresar sus preferencias. Se reformó el 59, pero con un sesgo hacia los partidos antes que hacia el ciudadano.

Todavía no hemos probado cómo funcionará la reelección en México, pero sabemos que su legislación quedó limitada. Que la última reforma electoral dejó regulaciones costosas para los ciudadanos que quieren participar en la política de manera independiente. Es claro, entonces, por qué una parte importante del debate del voto nulo es sobre la representación política y papel de la oposición en México. Lo anterior, nos plantea un dilema de cara a la elección, generar contrapesos al régimen o evidenciar el mal funcionamiento del sistema (anulando) para presionar un cambio institucional mayor.

¿Cómo salir? Se debe ver que es un dilema aparente, en ambas vías la probabilidad de que una reforma ocurra son inciertas, no hay garantías (en todo caso se podría elegir al azar entre castigar o anular). Si bien la historia de la transición muestra que la apertura y democratización se dio a través de los partidos, también se debe analizar lo que ha ocurrido en los últimos años. La pluralidad política y social ubicó a la oposición en una situación de comodidad y autocomplacencia. Dejaron de luchar por mejor representación para la ciudadanía, y, por el contrario, ataron sus espacios de poder a los recursos que podía distribuir el sistema. La aparente competencia electoral y formación de nuevas expresiones políticas hizo que olvidaran abrir nuevos canales de representación.

Sin embargo, considero que la oposición política y los contrapesos democráticos generan mejores condiciones para el cambio en el largo plazo. Si el anulismo plantea una agenda de transformación, lo debe hacer también quienes voten pensando en construir contrapesos. Esta agenda debe plantear al incumbent los costos de la no reforma (en pérdida de escaños) y mostrar a la oposición encumbrada los beneficios de la conexión con la ciudadanía para la supervivencia democrática[2]. La estrategia tiene sentido, para despertar en los partidos la “ambición presidencial” de la que hablaba Lujambio y con ello hacer funcional (como lo ha sido en muchos casos) el sistema de pesos y contrapesos de la incompleta democracia mexicana.

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[1] La primera reforma para eliminar esta anomalía democrática la presentó Alfredo Reyes Contreras del desaparecido PPS, en 1989, posteriormente la presentaron legisladores de distintos partidos entre los que destacan: Demetrio Sodi (PRD, 2003); Raymundo Cárdenas (PRD, 2003); Felipe Calderón (PAN, 2002); Francisco Yunes Zorrilla (PRI, 2001); Omar Fayad (PRI, 2003); Germán Martínez (PAN, 2004). Ya como Presidente, el propio Calderón la presentó dentro de su decálogo de reforma política en 2009.

[2] Incluso esto último podría aligerar las cargas clientelares de los partidos. Al haber más incertidumbre sobre los resultados, el voto clientelar tiene menor valor.

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